Me aburro

Sí, y mucho...

Pequeña reflexión totalmente inutil.

Esta pequeña reflexión que a continuación expongo la envié vía correo electrónico y vía postal a varios periódicos antes del atentado de Eta en Barajas pero no mereció atención alguna por parte de todos esos medios, lo cual no sé si será importante o no -no me creo nadie ni escribiendo ni reflexionando- pero da que pensar teniendo en cuenta las tonterías de correos de lectores que se publican de los temas más tontos que uno pudiera imaginarse.
En fín, aquí lo transcribo por si merece la pena leerse, aunque no sirva absolutamente para nada dado lo poco que nos importa todo en este país a pesar de la que está cayendo.



Sr. Director:

Me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de cómo se manipulan las ideas, de cómo se utilizan determinados conceptos adecuándoles a los intereses de quien los utiliza siendo, no obstante, su significado universal; es la manera en que a los individuos que queremos tener libertad de pensamiento nos intentan reconvertir los términos y de cómo, lamentablemente, se llega a aceptar el engaño de una manera voluntariamente aceptada pero inducida.

Un claro ejemplo de todo esto es la utilización del concepto de la violencia que hacen los políticos adaptándole en el presente momento a su interesada conveniencia. Se habla y no se para, y el tema es lo bastante complejo como para no extenderme en esta pequeña reflexión, de la violencia de género, de que es tan agresiva y perniciosa para la victima, o incluso más, la violencia psicológica que la violencia física pura y dura. De hecho, en la ley sobre la violencia de género toma forma penal este tipo de actitud, aceptándose como una forma malvada y cruel de conducta social.
Sin embargo, el concepto de violencia trasladable a otro ámbito de la vida en nuestro país cambia radical y completamente en cuanto a que única y exclusivamente tiene relevancia la violencia física y ésta, sólo adquiere una verdadera significación si es llevada al último extremo, es decir, a la muerte de las victimas.
El ámbito al que me refiero no es otro que el País Vasco.
El ámbito al que me refiero es el llamado “proceso de paz” (cambiando y adaptando de nuevo este concepto cuando, todos sabemos, que nunca hubo una guerra que pudiera dar lugar a la paz) dónde se nos explica desde el Gobierno que lo importante es que llevamos tres años sin victimas mortales, sólo mortales…
¿Es que ahora no es importante esa otra violencia consistente en amedrentar a las victimas? ¿No es violencia que la gente sufra un día si y otro también la algarada en la calle mediante la kale borroka? ¿No afecta a la sociedad que una parte importante de la población del País Vasco haya tenido que huir para no sufrir el acoso de los violentos? ¿No es todo esto, en definitiva violencia psicológica?
Por favor, reflexionemos un poco y que no nos hagan comulgar con ruedas de molino.

Ley de Igualdad y Problemas de Aplicación Práctica: Centros Penitenciarios.

Es mi intención, mediante este artículo, poder informar acerca de un problema que se va a plantear a un colectivo de trabajadores por culpa de la recientemente aprobada Ley de Igualdad; un colectivo ya de por sí denostado y siempre mirado con recelo por la sociedad, me refiero a los funcionarios de prisiones.

El problema surge al declarar extinguidas las escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes y unificar ambos en un único cuerpo general indistintamente de hombres y mujeres.

Este cuerpo de Ayudantes tiene encomendadas por ley las funciones principales de vigilancia, custodia y orden interior de los centros penitenciarios y las más auxiliares referidas a la administración de los centros y al tratamiento resocializador de los internos.

Pues bien, todo nace de una iniciativa de una diputada del PSOE, Doña María Escudero Sánchez que, en una proposición no de ley dirigida al Congreso de Diputados esgrimía que “en la actualidad no existe función de seguridad que requiera una diferenciación de sexos en su ejecución. Ni por seguridad de las personas profesionales, ni de las atendidas. Así se ha acreditado por la experiencia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo en aquellas que pudieren atentar al derecho a la intimidad de las personas, en supuestos de registro y/o cacheos. Estas funciones, en su caso, se aseguran mediante sistemas de organización interna del trabajo que, en ningún caso, amparan una diferenciación de rango legal. En consecuencia, nos encontramos ante una discriminación de género, sin base material de justificación, pero amparada por la Ley”.

Todo esto ha desembocado en la antes mencionada unificación de escalas, que por cierto, no se ha llevado a cabo mediante un cambio normativo directo sino mediante una disposición adicional de la ley de igualdad, llevándose a efecto, por tanto, por la puerta trasera y pasando por encima de las competencias del Ministerio del Interior, despreciando la capacidad de dicho ministerio y de forma más directa despreciando y obviando a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Se ha llevado a cabo de una manera sorpresiva, ya que nadie lo esperaba, ni siquiera la propia directora general de Instituciones Penitenciarias doña Mercedes Gallizo que, según informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación anda buscando a la desesperada asesoría jurídica para eludir la aplicación efectiva de esta medida en la oferta de empleo público para el presente año.

¿Y que decir de los propios funcionarios? Nadie les ha informado a pesar de diversas campañas contrarias a la posible aplicación de este cambio que ha habido en los últimos tiempos cuando empezaron los rumores y los temores de una posible unificación; recogidas de firmas que no han servido para nada. Como siempre las altas instancias despreciando el trabajo y la opinión de sus subordinados que son los que realmente conocen el día a día y saben de la problemática que se les viene encima. ¿Y los sindicatos? Están demasiado ocupados ahora en las elecciones sindicales y sus eternas riñas entre ellos como para acordarse de informar a los mismos trabajadores a los que no hace mucho tiempo les pedían sus firmas contra esta unificación.

Y ahora se plantearán los problemas en la vida real penitenciaria, no en las disquisiciones teóricas como las de doña María Escudero cuando hace referencia a que se puede salvar el ataque al derecho de intimidad en los cacheos mediante “sistemas de organización interna del trabajo”… ¿a qué se refiere? El artículo 68 del vigente reglamento penitenciario dice que se realizaran cacheos con desnudo integral cuando por motivos de seguridad se crea que un interno oculta en su cuerpo objetos peligrosos o sustancias susceptibles de causar daño y explicita la forma de llevarlo a cabo: por funcionarios del mismo sexo que el interno, en lugar cerrado sin la presencia de otros internos y preservando, en todo lo posible, la intimidad.
¿Se refiere a que cuando haya que cachear a un interno, el cacheo se paralice hasta que aparezca por allí algún funcionario del mismo sexo que el interno en cuestión, si es que hay alguno de servicio dado que a partir de ahora se puede dar el caso de que sólo haya funcionarios o funcionarias de servicio puesto que ya no existe diferenciación a la hora de ocupar un puesto antes reservado a unos o a otras? ¿O se refiere la diputada a que se realice el cacheo con medios mecánicos como un arco detector o una raqueta detectora? ¿ Como se busca, por poner un solo ejemplo, una papelina entre el cabello de un interno? ¿Con un arco detector o una raqueta? Creo que todavía no se han inventado. Aún así tengo que decir desde la experiencia propia de diez años trabajando en tres centros penitenciarios distintos que si en algo destacan estos medios mecánicos, aparte de su gran escasez - nunca ví, salvo en módulos de régimen cerrado y para internos de especial peligrosidad un arco detector en un módulo de vida ordinaria - es en su poca fiabilidad, siempre cuando hay dudas se termina cacheando al interno por palpación o por desnudo integral.

Dicho lo cual, no queda sino advertir la tremenda ignorancia de la señora diputada acerca de la vida normal y cotidiana en una prisión. Advertencia que queda palpable cuando toda su argumentación la pone en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: señora diputada, no somos ni policías ni guardias civiles, somos funcionarios de la administración civil del estado para su información.

Cuando habla de derecho a la intimidad desconoce lo que puede llegar a significar en un medio de vida cerrado, donde este derecho adquiere un valor superlativo para las personas que allí viven: si hay que entrar en una celda, espacio donde desarrollan los internos sus actividades más íntimas, tiene que entrar una persona, no un “medio mecánico” y la presencia de funcionarios de distinto sexo al del interno en su espacio vital más intimo va a dar lugar, sin duda alguna, a alterados graves que tampoco los va a solucionar ningún “sistema de organización interna del trabajo” sino el funcionario de turno.

Es más, sin necesidad de realizar ningún tipo de conjetura, hechos que ahora son habituales en el quehacer diario pueden dar lugar a situaciones desagradables como, por poner otro sencillo ejemplo, el hecho de efectuar un recuento a población interna de distinto sexo al del funcionario si éste al comprobar quién está en la celda se encuentra con un interno desnudo; las denuncias por acoso sexual van a ser el pan nuestro de cada día y, me temo que, como siempre, a los funcionarios nos dejará la dirección general tan desamparados judicialmente como casi siempre.

Se puede contradecir todo lo escrito con el argumento de que en Cataluña, cuya administración ejerce las competencias en materia penitenciaria, la unificación ya existe. Es cierto, existe. Y lo último que la administración penitenciaria se ha sacado de la manga para tratar de corregir el aumento de funcionarias con el problema de funcionamiento que se está produciendo son pruebas físicas para el acceso a un puesto de funcionario. La administración lo niega, por supuesto, pero incluso los sindicatos denuncian que estas pruebas físicas la única finalidad que persiguen es limitar el acceso a las mujeres que, al parecer, están copando esta administración penitenciaria. Aquí me limito a reflejar tanto la opinión de los sindicatos como de la administración penitenciaria catalana ya que desconozco en general los entresijos de aquella administración, desconocimiento que no es óbice para constatar por la información existente el nacimiento de un problema de funcionamiento en esta administración catalana.

Pero, desde la experiencia propia, es curioso y llamativo que jamás se haya tenido en cuenta la preparación física del funcionario de prisiones, incluso cuando se ha demandado a la administración por parte de los trabajadores cursos de defensa personal con una mínimas nociones para hacer frente a situaciones violentas; siempre la respuesta de la administración ha sido la misma: ninguna. Y teniendo en cuenta que desde la administración se potencia en los cursos a los funcionarios en prácticas la preparación en habilidades del comportamiento para hacer frente a situaciones límite y que, la preparación física en estos cursos resulta meramente testimonial.

Todo en este tema de la unificación de escalas son incongruencias y se demuestra que el legislador poco o nada tiene en cuenta a quienes debería haber consultado para realizar un cambio tan drástico en esta materia, se constata el alejamiento de los políticos de los problemas reales y su inclinación a la demagogia porque en este caso la igualdad nos va a salir cara a quienes ya sabemos que la teoría es muy bonita y progresista pero poco aplicable a la vida real, nos guste o no.
Y si no, ¿Por qué no hacemos igualdad del todo y juntamos a internos e internas en los mismos módulos y en las mismas celdas? ¿No es igualdad también?

Pero bien sabemos que esto no puede ser, por sentido común. ¿Por qué no se ha aplicado ese mismo sentido común con los funcionarios?
¿Por qué sí se tuvo en cuenta, por ejemplo, la especificidad de las prisiones en la aplicación de la ley antitabaco a la hora de no prohibir la venta de tabaco en los economatos de los módulos o dando la posibilidad de habilitar espacios en los centros penitenciarios para fumar? Por sentido común.

Pero a los funcionarios el sentido común ya sólo nos sirve para poder hacer uso del típico recurso a la inútil pataleta.